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Juicio político vs. Joe Biden: ¿Por qué los republicanos también señalan a su hijo Hunter Biden?

El proceso contra Joe Biden comienza con una investigación realizada por tres comités de la Cámara.

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dio el primer paso formal para destituir al presidente Joe Biden por sus negocios familiares, una medida con carga política impulsada por los republicanos de línea dura que ensombrecerá las elecciones de 2024.

El proceso comienza con una investigación realizada por tres comités de la Cámara mientras los republicanos buscan acumular pruebas para una votación de juicio político en el pleno de la cámara.

Si la Cámara vota a favor de acusar a Biden, el caso pasa a un juicio del presidente en el Senado liderado por los demócratas.

Para muchos ultraconservadores, la medida de McCarthy es una represalia adecuada por los juicios políticos de Donald Trump en la Cámara en 2019 y 2021.

Republicanos acusan a Hunter Biden

Pero los moderados del partido, muchos de los cuales provienen de áreas que Biden ganó en 2020, están procediendo con cautela, especialmente porque la situación en contra del presidente es turbia.

La investigación marca la tercera vez desde 2019 que la Cámara avanza hacia la destitución de un presidente de Estados Unidos, una carrera notable considerando que solo tres de los directores ejecutivos del país (Trump, Bill Clinton y Andrew Johnson) han sido acusados alguna vez.

Los republicanos acusan a Hunter Biden, el hijo del presidente, de sacar provecho del nombre de su familia y de que Joe Biden interactuó directamente con los clientes internacionales de su hijo cuando era vicepresidente.

Los demócratas dicen que no hay evidencia de que Biden haya tomado alguna medida para influir en el negocio de Hunter o que se haya beneficiado financieramente personalmente de los negocios de su hijo.

Los republicanos también plantean preguntas sobre por qué tres miembros de la familia Biden ganaron millones con entidades chinas.

Los demócratas dicen que no hay evidencia de que las transacciones, que se hicieron públicas en 2020, impliquen alguna irregularidad y no involucren al presidente.

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